El gremio de los edificadores presentó ayer una propuesta de diez puntos con la que pretende contribuir a la reactivación de la economía, golpeada por la pandemia a causa del coronavirus.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la aplicación de sus iniciativas permitirá que en el periodo 2020-2022 se generen 300.000 nuevos puestos de trabajo directos y 420.000 indirectos en la cadena de valor, construir 500.000 viviendas formales y 12 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales y lograr inversiones anuales en el sector equivalentes a 12 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

“Para lograr estos positivos aportes e impulsar la recuperación de la economía colombiana, se requiere una serie de acciones y medidas que brinden condiciones adecuadas para el desarrollo y avance del sector. Por eso, hemos estructurado una propuesta de 10 iniciativas que buscan impulsar todos los segmentos de vivienda, aumentar la oferta de proyectos residenciales y no residenciales, y crear condiciones regulatorias óptimas para que el sector sea un aliado de la recuperación del país”, afirmó Sandra Forero, presidenta de Camacol.

El  decálogo del sector

Los puntos propuestos son:

1. Garantizar la suficiencia de subsidios para los programas de VIS: El mercado de vivienda social se ha duplicado en los últimos 5 años. Eso implica que la demanda de subsidios ha aumentado frente a lo previsto y hoy se demandan anualmente 55.000 subsidios de Mi Casa Ya, y 25.000 subsidios Frech VIS por año.

2. Crear un instrumento para incentivar la compra de vivienda nueva del segmento medio: Este segmento tiene el potencial de llegar a 60.000 viviendas por año y generar 15 billones de pesos de inversión. El valor agregado que genera este segmento es fundamental para el sector. Este instrumento debe lograr una reducción en la cuota mensual de financiación de la vivienda.

3. Fortalecer el acceso al crédito hipotecario o leasing habitacional: mediante garantías crediticias del Fondo Nacional de Garantías, asegurar la financiación de la vivienda nueva para la VIS y No VIS. Este instrumento ha demostrado su efectividad para mejorar el perfil de crédito del hogar y su acceso al crédito hipotecario.

4. Reactivar el instrumento para que las autoridades territoriales puedan incorporar ágilmente nuevo suelo urbanizable de acuerdo con las prioridades y prospectiva de desarrollo urbano y necesidades de vivienda.

5. Establecer un modelo de gerencia de proyectos urbanísticos estratégicos: actualmente existen 30 proyectos de gran escala urbanística en el país, en los cuales hay potencial para desarrollar cerca de 600.000 viviendas y gestionar 6.000 hectáreas de suelo.

6. Promover la inversión en infraestructura urbana y equipamientos: este segmento representa el 25 por ciento del área no residencial construida anualmente. Con recursos de regalías y otras fuentes, se propone desarrollar un modelo de construcción efectivo y ágil para desarrollar tales proyectos.

7. Promover proyectos de vivienda exclusivos para renta: el mercado de vivienda en renta mueve cerca de 3 puntos porcentuales del PIB anualmente, y solo una quinta parte es formal. El 44 por ciento de los hogares del país vive en condición de arrendamiento y el mercado carece de oferta de proyectos multifamiliares exclusivos para la renta. Desarrollar este modelo requiere ajustes del marco legal.

8. Fortalecer la construcción por obra pública de edificaciones institucionales: se invierten anualmente cerca de 2 puntos del PIB en construcción o adecuación de obras de edificaciones. A través de pliegos tipo se puede incentivar mayor competencia en esos procesos y agilizar su contratación y construcción.

9. Garantizar la operación de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Mensualmente se entregan 15.000 viviendas nuevas en el país, lo que exige una operación muy efectiva de las oficinas. Cada año hay periodos regulares de no operación y durante la contingencia actual, el problema se ha intensificado (cerca de 20.000 viviendas sin entrega). Además, hay baja capacidad técnica, represamiento de trámites y no hay procesos digitales efectivos. Se requiere modernización y continuidad en la prestación del servicio público registral.

10. Implementar una estrategia de simplificación radical de trámites: un proyecto de construcción enfrenta cerca de 50 trámites en su proceso de urbanismo y construcción y sus demoras le cuestan al sector cerca de 2,5 billones de pesos anuales. Se requiere simplificar radicalmente trámites ambientales, planes parciales y habilitación de suelo, servicios públicos domiciliarios, y entregas de zonas de cesión y espacio público.

Tomado de El Tiempo.com